La delincuencia organizada en Chínipas y el vínculo al crimen de Miroslava Breach


Los presuntos asesinos de la periodista Miroslava Breach Velducea llegaron de Chínipas para cometer el atraco, de acuerdo con la principal línea de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado.
En ese municipio, la actividad delictiva la controla el grupo de Los Salazar, del cártel de Sinaloa, con la complicidad histórica de las autoridades.
En la escena del crimen, el o los agresores dejaron una cartulina con un mensaje dirigido al gobernador Javier Corral Jurado y firmada por el líder del grupo delictivo La Línea en parte de la zona noroeste, Carlos Arturo Quintana “El 80”, quien supuestamente se atribuye el homicidio.
Siete días después, apareció otra manta en la colonia Campesina de la ciudad de Chihuahua, también firmada por el mismo personaje, en la que amenazaban a Corral y a los periodistas: “Esto es para que estés enterado ‘Corral si me sigues mandando a tus achichincles los voy a matar a todos, querías guerra pues ya la tienes’ estoy agarrado de alguien más poderoso y también a esos osicones periodistas no se metan en lo que no les importa y en una guerra que no van a ganar porque los voy a matar a todos a la verga, Atte El 80”.
El martes pasado, asesinaron a Gabriel Federico Ochoa Cárdenas, de 56 años, en una vivienda de la colonia Junta de los Ríos. Su muerte causó mayor relevancia porque también dejaron una cartulina: “Este es el marrano que asesinó a la periodista Miroslava por orden del 80 en complicidad con Pablo Ernesto Rocha. Esto es la prueba que no queremos marranos haciendo injusticia”.
Pablo Ernesto Rocha Acosta fue director de la Policía Estatal Única en el sexenio del exgobernador prófugo de la justicia, César Horacio Duarte Jáquez. Carlos Arturo Quintana es señalado como el líder de La Línea en los municipios de Bachíniva, Namiquipa, Gómez Farías y Buenaventura y en el proceso electoral pasado, su suegra, Silvia Mariscal Estrada, fue impuesta como precandidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Bachíniva.
Finalmente el PRI suplió a Mariscal Estrada junto con su planilla por otra candidata y lo mismo pasó con el precandidato de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino de Adán Salazar Zamorano “Don Adán”, quien presuntamente lideraba la célula criminal Los Salazar y quien se encuentra preso en un penal de máxima seguridad desde el 2011 porque era uno de los objetivos más buscados de la DEA y de la PGR.
Los nombres de los precandidatos priistas que contendían para alcaldías de municipios gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), fueron evidenciados por reportajes de medios nacionales, incluida La Jornada, bajo la autoría de Miroslava Breach.
Una vez que salió la luz pública esa información en marzo del año pasado, las amenazas desde Chínipas llegaron a través de la periodista, ante el enojo de Los Salazar. El tono subió en diferentes ocasiones en las que Miroslava Breach recibió llamadas amenazantes.
De manera paralela, hubo intentos de funcionarios del Comité Directivo Estatal del PAN para obtener información sobre sus fuentes y de otra compañera que delataran al candidato de Los Salazar para deslindar al exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Shulz Alcaraz.
Miroslava Breach también era colaboradora del periódico Norte, en donde escribía la columna política Don Mirone. El 25 de noviembre pasado, la periodista chihuahuense denunció que el exalcalde de Chínipas intentó obtener una posición en la Secretaría de Educación y Deporte del gobierno de Corral, para hacerla compatible con su plaza de profesor, pero le fue negada.
Denunció: “El exalcalde de Chínipas es el mismo que vio, calló y negoció con el narco del pueblo la designación de su sobrino Juan Ochoa Salazar como candidato del PRI a la Presidencia Municipal. Solo cuando los medios de comunicación nacionales hicieron público tal despropósito, la dirigencia estatal priista sustituyó esa candidatura junto con la de Namiquipa. Esa información fue uno de los temas de campaña electoral de Corral, pero los datos nunca le llegaron de su supuesto correligionario de partido”.
“El 80”, distractor
A partir de los primeros días de marzo pasado, aparecieron por lo menos tres mantas en diferentes puntos de la ciudad de Chihuahua, en las que supuestos ciudadanos de los municipios de Namiquipa y Guachochi exigían a Corral que actuara contra “El 80”, porque de otra manera, ellos tomarían justicia por su cuenta.
Una de esas mantas decía:
“Señor gobernador, nosotros la comunidad de Guachochi esperamos su respuesta con las sierras vecinas, también nos unimos a nuestros amigos pues con estas palabras hacemos sentir todo el dolor y la impotencia que vivimos siendo robados, extorsionados, y mucha de nuestra gente también a sido asesinada y desaparecida por no pagar sus cuotas a un grupo criminal y liderado por Malquiades Diaz Meza aqui lo apodan el 13, hermano de carlos Díaz Meza el 5, los apodan Los Chapos Calin, ellos están acabando con nuestra comunidad y comunidades vecinas, necesitamos de su ayuda señor gobernador por piedad mande a los marinos en el Ejercito no confiamos sabemos que a ellos los apoya el Coronel Javier Ojeda se la ha visto con ellos y se apoyan de Ruperto Salgueiro Nevarez de San Francisco de los Salgueiros, ayudenos nosotros somos nativos de aqui de trabajo bien y nos quitan todo no sea esto en vano, porque hasta por denunciar así corremos peligro pero ya no podemos, mas de cien muertos y desaparecidos en tan poco tiempo es demasiado señor gobernador no olvide creemos en la marina puede hacer algo, todo esta en usted y esperamos y haga lo correcto confiamos en usted gracias”.
Las mantas estaban escritas con letra legible, tanto la que apareció en el cuerpo de Miroslava, como en el cuerpo de Gabriel Federico Ochoa y en la que amenazaban con terminar con todos los periodistas de Chihuahua.
Llamó la atención que supuestamente “El 80” se adjudicó el asesinato de la corresponsal de La Jornada y de Gabriel Ochoa, quien tenía 56 años, era instructor de policía y originario de Nuevo Casas Grande, de acuerdo con su hermano Mario Ochoa, quien exigió que se aclare también ese homicidio para deslindarlo del crimen contra la periodista.
Mario Ochoa detalló que su hermano tenía lesionada una de las piernas, era introvertido y una persona que se dedicaba a apoyar a los demás por lo que dice que es imposible que hubiera cometido ese crimen.
En ese contexto, compañeros de Ochoa especulan que quienes lo asesinaron pretenden hacerlo un chivo expiatorio y el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, dio a conocer este viernes que investigan la procedencia del arma con la que fue asesinado, ya que presuntamente es con la misma que asesinaron a Miroslava Breach.
Según fuentes internas de la dependencia estatal, sí se trata de la misma arma, por lo que consideran que el asesinato de Gabriel Ochoa es una escena montada para distraer el caso.
Peniche Espejel advirtió que no permitirán distractores en la investigación, puesto que ésta se encuentra muy avanzada y están a punto de solicitar las órdenes de aprehensión.
“Junto a su cuerpo, se localizaron un arma de fuego y una cartulina, con un mensaje en donde se refiere que este sujeto es quien asesinó a la periodista (…) esta representación social trabaja para asegurar la verdad de los hechos en los dos acontecimientos, por lo que se revisa ello y otras evidencias para garantizar que no habrá conclusiones anticipadas”, informó la FGE.
El fiscal enfatizó que en el avance de las investigaciones y cualquier evidencia que surja, deberá tener coincidencia y congruencia con la integración de lo que llevan avanzado.
“Seremos escrupulosos en este tipo de sucesos para evitar distractores que pudieran pretender desviar las investigaciones respecto de los culpables”, agregó Peniche.
Gabriel Ochoa fue asesinado un día después de que el gobernador anunció en rueda de prensa en Ciudad Juárez, que tienen identificados a los autores materiales e intelectuales, así como a los copartícipes.
Las evidencias
En el video captado por las cámaras instaladas en la escena del crimen contra Miroslava Breach, se observa a un hombre caminando con una sudadera verde y gorra azul, que se aproxima al lugar del homicidio. El agresor lleva una cartulina en la que posteriormente se conocería el mensaje firmado supuestamente por el líder del grupo delictivo La Línea, en parte de la región noroeste, Carlos Arturo Quintana “El 80”, en la que amenaza al gobernador Javier Corral Jurado y se atribuye el homicidio.
Desde otra cámara, se observa el vehículo Malibú color plata, modelo 2008 y en un fragmento el reflejo del sol permite ver claramente el rostro del individuo. En ese vehículo huyó el pistolero que se observa con la cartulina.
Con el rastreo del automóvil dieron con la vivienda de uno de los perpetradores, la cual fue cateada por agentes especializados estatales y federales, quienes aseguraron audios guardados en una computadora de la vivienda de la colonia Revolución.
El cateo fue encabezado por el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, y el gobernador, Javier Corral Jurado.
Una de las personas que habitaba esa vivienda, a quien aún no detienen, está identificada como el hombre que conducía el vehículo y presuntamente es de la familia Salazar de Chínipas.
Los actores identificados con el crimen, son originarios de Chínipas, presuntamente pertenecen a un grupo contrario de “El 80” y en ese sentido, se presume que este personaje ha sido utilizado como un distractor en la investigación de este y otros crímenes.
Los peritos que participaron en el cateo, tomaron muestras de las huellas dactilares para corroborar que se trata de la misma persona, y las evidencias fueron trasladadas a las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública.
Con base en esas pruebas, las autoridades solicitaron órdenes de aprehensión que fueron libradas por un juez de Control.
También se conoce que las llamadas telefónicas en las que amenazaban a quienes revelaron el tema de los narcocandidatos iniciaron hace un año y, de acuerdo con la investigación, continuaron de manera esporádica, hasta unos días antes de que asesinaran a Breach Velducea.
Javier Corral dio a conocer desde el primer día, que la investigación del homicidio de la periodista apunta hacia sus trabajos periodísticos en los que denunció nexos del narcotráfico con políticos.
El gobernador asentó que Breach era una periodista muy profesional, quien documentaba e investigaba muy bien sus trabajos y que se especializó en uno de los “filones” más riesgosos y peligrosos para el ejercicio periodístico: los vínculos del narcotráfico con la política.
Destacó que investigar la corrupción política es un riesgo para los periodistas y otro riesgo es investigar al narcotráfico, pero cuando se conjugan ambos temas en las indagatorias de un periodista, el riesgo es exponencial, por lo que esa línea y las evidencias recabadas son la principal línea en la investigación del homicidio.
Corral refirió que Miroslava Breach comenzó a publicar ese tema durante el proceso electoral pasado, cuando ella y otros compañeros investigaron a los precandidatos a alcaldías y terminaron derrumbando algunas candidaturas del PRI en algunos municipios del estado.
“Tuvieron que cambiar no solamente al candidato a la presidencia municipal, que hubiera sido lo de menos para el partido, tuvieron que recomponer las planillas e incluso el aparato de gobierno”.
Denuncias ante el Mecanismo federal
El pasado 12 de octubre, ante integrantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Miroslava Breach mencionó las amenazas que habían recibido ella y otra compañera, por trabajos relacionados con narcocandidatos durante el proceso electoral pasado.
La periodista no participaba en foros de periodistas, su estilo era otro. Sin embargo, ese día decidió acudir y comentó el caso de amenazas, derivadas de la investigación publicada en marzo.
La minuta de la mesa de periodistas dice, entre otras situaciones:
“Se reitera y aparecen nuevas amenazas directas contra el ejercicio, vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas que realizaban principalmente la cobertura sobre el crimen organizado, corrupción y noticias de investigaciones asociadas a derechos humanos (…) También persisten las prácticas de estigmatización y señalamientos de periodistas y la vulnerabilidad de su ejercicio frente a la ausencia de un marco legal de protección”.
Sobre la cobertura del crimen organizado y de derechos humanos, agrega:
“Se reciben amenazas directas, por terceros, de manera oral y por vía telefónica, debido a la cobertura de noticias e investigaciones sobre el crimen organizado y la corrupción. El crimen organizado reacciona a una nota periodística de manera inmediata (…) (la cobertura de derechos humanos) afecta a un grupo de periodistas visibles y reconocidos por cubrir estos temas que no están frecuentemente en la agenda de los medios de comunicación. Generalmente se trata de corresponsales que lo manejan como tema de cobertura”.
Asimismo, advirtieron en esa mesa sobre el riesgo por el cambio del Poder Ejecutivo:
“Aunque este riesgo es coyuntural y transitorio puede ocasionar graves afectaciones dirigidas principalmente por grupos de ultraderecha en el estado, contra periodistas que han hecho visibles las prácticas ilegales que involucran al gobierno saliente. Se trata de denuncia de redes de corrupción entre empresarios, funcionarios y el crimen organizado. Que no haya continuidad en el gobierno no significa que desista de seguir produciendo amenazas e intimidaciones, incluso cabe la posibilidad de que estas se incrementen mientras se realiza el reacomodo de poderes e intereses”.
Esa minuta derivó en un documento llamado “Propuesta de Acciones para el Plan de Contingencia de Chihuahua”, para en el que trabajan defensores y periodistas para aplicar la alerta temprana para ambos gremios. Chihuahua es el segundo estado que obtiene una alerta temprana para periodistas, que hasta ahora no se ha instalado.
En febrero se realizó una reunión con autoridades locales y federales, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, en donde analizaron las propuestas y el mismo funcionario, así como autoridades estatales, tuvieron en sus manos dicho documento.
Entre los puntos a tratar para aplicar en la entidad, se encuentra la creación de una Ley de Regulación de Publicidad Oficial, así como la creación de protocolos de seguridad integral y trabajar para abatir la impunidad en delitos contra periodistas en la entidad.

Familiares de desaparecidos en Veracruz exigen aplicar “todo el rigor de la ley” a Javier Duarte


En Guatemala, familiares de al menos 30 mil desaparecidos en Veracruz demandaron que se aplique todo el peso de la justicia contra el exgobernador Javier Duarte, detenido el pasado sábado 15 en el país centroamericano.
En rueda de prensa, representantes de al menos 12 colectivos que aglutinan a cientos de miles de desaparecidos en México aseguraron que durante el gobierno de Duarte hubo un incremento notable de “secuestros, extorsiones, desapariciones y ejecuciones”.
“Esos crímenes afectaron directamente a la población civil en general sin respetar edad, sexo, estatus social y profesión”, aseguró Aracely Salcedo, quien busca a su hija Fernanda Rubí, desaparecida el 7 de septiembre de 2012 en Orizaba.
Advirtió que en ese estado la población vive un alto grado de riesgo e inseguridad por exigir la aparición de los familiares secuestrados. Y durante el gobierno de Duarte, añadió, “nos revictimizaron y alejaron de la justicia, pero sobre todo de tener pronto de vuelta a nuestros hijos e hijas”.
Salcedo leyó un comunicado de los colectivos mexicanos, donde exigieron al Estado Mexicano, “desde este hermano país” de Guatemala, “que Javier Duarte sea extraditado lo antes posible para ser juzgado y castigado, no sólo por el desvío millonario de recursos, sino para que responda también por todas las desapariciones y ejecuciones en Veracruz”.
También pidieron que sea investigado el exfiscal general Luis Ángel Bravo por “la gravísima omisión en la falsa toma de muestras de ADN realizadas a las familias de desaparecidos”.
La activista exigió al gobierno mexicano que “se aplique todo el rigor de la ley a Duarte”, y agradeció a las autoridades guatemaltecas por su captura.
“Queremos ver un poco de justicia. Duarte no se merece ni la más mínima consideración. Exigimos justicia y que le caiga todo el peso de la ley”, enfatizó Salcedo en la conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, en la capital guatemalteca.
Las activistas mexicanas también demandaron a su país la aprobación de una ley general que permita dar con los desaparecidos, a quienes “hemos buscado en fosas clandestinas”.
Según Lucía Díaz, del Colectivo Solecito de Veracruz, el delito de las desapariciones forzadas se debe incluir en el proceso judicial de extradición a Duarte, porque “si no en México no se le podría juzgar”, y anunció que se asesoran legalmente en su país para presentar las pruebas.

México puede imponer sanciones a EU hasta por 163 mdd por etiquetado de atún


México puede imponer sanciones comerciales por hasta 163.23 millones de dólares anuales contra Estados Unidos tras ganar una añeja disputa sobre las normas del etiquetado del atún.
Así lo resolvió este martes un árbitro de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
México se quejó ante el organismo mundial sobre normas de etiquetado de atún de Estados Unidos que dijo penalizaban injustamente a su industria pesquera.
El país había pedido pidió sanciones en represalia por 472.3 millones de dólares, las cuales planeaba imponer a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa estadounidenses.

En nómina de Chihuahua, parientes de Javier Corral y colaboradores


Al menos 28 funcionarios de primer y segundo nivel y mandos medios del gobierno de Chihuahua, entre ellos el gobernador Javier Corral Jurado, tienen parientes directos y políticos que cobran en la nómina del gobierno estatal.
Una revisión realizada por El Diario de Chihuahua revela que el mandatario,
varios de sus secretarios, coordinadores de área, directores, jefes de departamento y políticos panistas en cargos directivos o de elección popular, tienen parientes trabajando en la administración estatal.
Su plaza es de secretaria de Titular de Dependencia en el despacho del Ejecutivo, dato que aparece en el directorio de extensiones del gobierno publicado en el portal oficial chihuahua.gob.mx . Además, El Diario corroboró el dato a través de una llamada telefónica en la que ella misma se identificó.
Otros funcionarios de primer nivel con familiares en el gobierno son: César Jáuregui Robles, secretario General de Gobierno; Gustavo Madero Muñoz, coordinador ejecutivo de Gabinete; el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez; la secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza Gallegos; el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra; y el coordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo Cornejo.
Pablo Ignacio Montes, director de Recursos Humanos del gobierno estatal, explicó al rotativo que si bien la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado menciona que los funcionarios deben abstenerse de seleccionar, nombrar, designar o contratar a algún otro servidor cuando tiene interés personal, familiar o de negocios, no se establece límites en el grado de parentesco.
Y de los puestos que están cercanos al gobernador, dice que deben ser designados directamente por él o su equipo más cercano, como el secretario particular, porque son puestos de confianza.
“Son los que de alguna forma designan a la gente que va a estar colaborando en su despacho, dado que el despacho del gobernador trata asuntos que son confidenciales y que únicamente son del conocimiento de él, hasta que él no decida hacerlo del conocimiento de otros secretarios o de otros elementos dentro del Gobierno”, explicó.
Sin embargo la cuñada de Corral no es la única de sus familiares que trabaja en la estructura de Gobierno, hay cuatro más. Y en la revisión que hizo el rotativo halló a 76 personas que son familiares y ocupan diversos cargos públicos y la mayoría ocupa puestos de primer nivel y de confianza.
La información publicada proviene de dependencias han hecho públicos los daros en sus sitios de Internet y en el directorio telefónico publicado por el gobierno estatal, así como información proporcionada por fuentes al interior del gobierno y corroborada por El Diario.
Los parientes del gobernador que cobran en la nómina estatal son: su concuño Carlos Alejandro Silva Carrasco, esposo de Yadira Zelene Ortiz Gamboa, así como los hermanos Jorge Antonio y Ramón Alberto Gamboa Armendáriz, primos hermanos de Cinthia, esposa de Corral.
Carlos Alejandro trabaja en el Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Antonio es asesor técnico en la oficina del director de Gobernación que depende de la Secretaría General de Gobierno; y Ramón Alberto, es coordinador de Recaudaciones de Rentas en el estado, puesto que depende de la Secretaría de Hacienda.
Además el gobernador nombró como su secretario particular a José Alberto Luévano Rodríguez, compadre de Ramón Alberto y su esposa Claudia Rocío Javalera Tarín, quien es secretaria en la Coordinación General del DIF municipal de Chihuahua.
Hay más: La esposa de José Alberto Luévano –Diana Sofía Guerra Rivera– fue contratada también como jefa de Departamento de Servicios de Seguridad Privada en la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con el artículo 23, inciso 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua los funcionarios públicos deben a “abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en su caso”.
En tanto que el Código de Ética implementado por el ejecutivo estatal menciona, entre otros preceptos, que los servidores públicos deberán desempeñarse sin favoritismos personales, partidistas o de grupo, así como conducirse con rectitud.
“… sin utilizar mi empleo, cargo o comisión para obtener algún beneficio o ventaja personal, ni aceptar o buscar dádivas de cualquier tipo, debido a que cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio”, menciona el noveno inciso.
Red familiar
El segundo en jerarquía después de Javier Corral, el secretario General de Gobierno, Sergio César Alejandro Jáuregui Robles coincide en la nómina con su hermana Brenda Leticia Jáuregui Robles, jefa de departamento de la Coordinación de Atención Ciudadana en la Secretaría de Educación y Deporte.
Otro funcionario de primer nivel con parientes en el gobierno y quien fue incorporado además en un cargo creado en este gobierno, es Gustavo Madero Muñoz. Su esposa María Eugenia Falomir Morales, trabaja como directora de Grupos Vulnerables en la Secretaría de Desarrollo Social; y uno de sus primos en segundo grado, José Antonio Villalobos Madero, es jefe de División de Suelo e Infraestructura de la Coesvi.
Teresa Fuentes Vélez, hermana del secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, es directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario en el DIF estatal.
En el caso de la secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza, su esposo Marco Antonio Ordoñez Hernández se desempeña como director administrativo del DIF estatal; su hermana Rubí Mariana Reza Gallegos, está contratada en calidad de “personal especializado” de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, donde se desempeña como vocera.
Además, César Enrique Juárez, pareja de Rubí, es procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el DIF estatal; y Sandra Lorena Reza Corona, prima de la secretaria de Desarrollo Municipal, es capturista de datos en el Registro Público de la Propiedad.
Víctor Quintana, quien fue expulsado de Morena luego de apoyar el proyecto de Corral en la campaña electoral, tiene en el gobierno estatal a su hermana Cristina Quintana Silveyra, quien es directora de Operaciones del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), organismo de la Secretaría de Educación y Deporte.
Otro funcionario de primer nivel que tiene familia en la administración estatal es el coordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, cuyo hijo Pablo Pinedo Díaz, trabaja en el Departamento de Contabilidad de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez. Y la lista sigue.
No hay nepotismo: Corral
El experto en desarrollo político-electoral del estado, Gerardo Cortinas Murra, ha calificado como “nepotismo azul” la contratación de parientes en el gobierno actual. Sin embargo, hace unas semanas, al ser cuestionado sobre los casos de la esposa de Gustavo Madero y la hija de Patricia Terrazas Baca, Corral Jurado negó que en su administración existan casos de nepotismo y hasta pidió tener muy en claro esta figura.
“En nuestra administración no hay nepotismo, hay que tener muy claro de qué se trata esa figura”, dijo en una conferencia de prensa en la que explicó que tan sólo en el caso de la esposa de Gustavo Madero él hizo directamente el nombramiento y no su coordinador de Gabinete.
Según el director de Recursos Humanos, los funcionarios deben abstenerse de seleccionar, nombrar, designar o contratar a algún otro servidor cuando tiene interés personal, familiar o de negocios, y no se establecen límites en el grado de parentesco.
En estos casos, dijo, sólo se vigila que no exista entre los familiares una dependencia jerárquica o que trabajen en el mismo departamento o unidad administrativa.
Sin embargo, para el experto en desarrollo político-electoral del estado, Cortinas Murra, más allá de lo que establece la ley, desde su punto de vista el nepotismo comprende la designación de un familiar de un funcionario público, con total independencia de que dicha designación sea directa o indirecta; es decir, que sea nombrada por el funcionario familiar o por un funcionario que depende de él.
“La finalidad de erradicar el nepotismo es, precisamente, evitar la influencia de familiares en la vida política del Estado y/o Municipio”, subraya.
El Código Municipal de Chihuahua, dijo, es más preciso en su regulación respecto a los casos de nepotismo ya que establece que para ser funcionario en ese nivel se requiere “no ser cónyuge, pariente consanguíneo o afín, en línea recta, sin limitación de grado o colateral por consanguinidad, dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo, del presidente municipal, del presidente seccional, de los regidores o del síndico”.
Por ello considera urgente una reforma a la Ley de Responsabilidades y, en especial, precisar el alcance de la prohibición en la contratación de familiares, porque el nepotismo en Chihuahua está reglamentado de manera deficiente y evidentemente en estos casos existe un conflicto de interés.

Babel bajo el mar: más de 50 submarinos de diferentes países rodean la península coreana


Más de 50 submarinos de EE.UU., Japón, China, Rusia y Corea del Sur se encuentran cerca de la península de Corea, haciendo constar su presencia frente a los cerca de 70 sumergibles con que cuenta actualmente Pionyang. Sobre esto reporta el medio japonés 'Fuji', calificando la aglomeración naval como una "exhibición de músculo militar".

"Resulta que hay una babel cerca de las costas de las dos Coreas. Y los países cuyas naves están allí no siempre han tenido relaciones amistosas", señala el medio nipón, citado por 'Rossíyskaya Gazeta'. "Esta es la razón por la que varios expertos en materia militar consideran que, periódicamente, estos países van a provocarse mutuamente, de manera que aumentará aún más la tensión", agrega.
Según expertos japoneses, 20 de esos submarinos habrían sido enviados por China con el objetivo de vigilar las posibles maniobras que tanto el portaviones USS Carl Vinson como otros buques estadounidenses y japoneses están realizando en la zona. Por su parte, autoridades estadounidenses han asegurado que EE.UU. está listo para atacar con misiles las instalaciones nucleares de Corea del Norte en caso de que sea necesario.
  • El 9 de abril, el Pentágono ordenó movilizar al portaviones USS Carl Vinson y a su grupo de ataque (un crucero y dos destructores armados con misiles de crucero Tomahawk y al menos un submarino nuclear), y dirigirlos hacia las aguas que rodean la península coreana.
  • El 21 de abril, la Marina japonesa anunció que sus dos destructores partieron de la base naval nipona de Sasebo para reunirse con la nave norteamericana en un lugar no especificado para realizar posibles ejercicios conjuntos.
  • El 23 de abril Corea del Norte comunicó que está preparado para hundir el portaviones estadounidense USS Carl Vinson "de un solo golpe", para demostrar su poder militar.
  • El 25 de abril Pionyang realizó el mayor ejercicio de artillería de su historia para marcar el 85.º aniversario del Ejército Popular de Corea.

Abuchean a Ivanka Trump en foro sobre mujeres; ella defiende a su padre


Ivanka Trump, hija y asistente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que “miles de mujeres” pueden dar fe de que su padre cree en su potencial y defiende que ellas pueden realizar un trabajo igual de bien que un hombre.
Ivanka realizó estas declaraciones frente a las críticas que recibe su padre y tras ser abucheada en su participación en una mesa redonda sobre mujeres organizada durante el G20, que preside por turno Alemania, en la que participaron también la Canciller alemana, Angela Merkel, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y la reina Máxima de Holanda.
De acuerdo con información de EFE, la hija del presidente estadunidense enfrentó una audiencia difícil tras llamar a su padre un campeón en el apoyo a las familias y señaló: “Miles de mujeres que han trabajado con y para mi padre durante décadas pueden dar testimonio de su sólida convicción en el potencial de las mujeres y su habilidad para hacer su trabajo tan bien como un hombre”.
Ivanka, que fue interrogada sobre las polémicas declaraciones de su padre sobre las mujeres, agregó que ella creció en una casa “sin ninguna barrera” en la que no había “diferencias” entre ella y sus hermanos.
“Cuando no estoy de acuerdo con mi padre, él lo sabe”, señaló.
La asistente del presidente añadió además que su padre desde la campaña ha insistido en la necesidad de instaurar en EU las vacaciones remuneradas, y recordó que su país es la única economía desarrollada que no incluye este beneficio social que repercute directamente en la vida familiar.
Ivanka Trump se mostró “contenta” de vivir en un país que tiene “menores problemas” en cuestiones de género que otros, pero reconoció que en EU también persisten dificultades para las mujeres.
El objetivo es similar en todos los países, pero la forma de alcanzarlo será en cada lugar distinta, dependiendo de elementos locales, agregó.
“Nos queda mucho para llegar a ese objetivo”, subrayó la hija del presidente de Estados Unidos.

Trump fracasa en conseguir fondos para el muro pero asegura que se construirá


Ante la amenaza del cierre del gobierno federal si no se aprueba este viernes el presupuesto, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, claudicó en su idea de buscar dinero para un muro en la frontera y aceptó a cambio fondos para tecnología fronteriza y contratar más agentes.
El periódico más importante de la capital estadunidense, The Washington Post, publicó en su primera plana que la Casa Blanca pospondrá para septiembre su exigencia al Congreso sobre la aprobación de fondos para iniciar la construcción de un muro en la frontera con México.
El mandatario reaccionó a la información publicada y a través de su cuenta personal de Twitter, atajó:
“No permitan que la prensa falsa les diga que cambié mi posición sobre el muro. Se construirá y ayudará a detener las drogas, el tráfico de personas, etcétera”.
Sin embargo no insistió, como había solicitado inicialmente al Congreso, que quiere le aprueben mil 500 millones de dólares en el presupuesto adicional para el año fiscal 2017 que está en curso.
En el Capitolio hay una férrea oposición, por parte de los legisladores demócratas y de algunos republicanos, a incluir en del presupuesto fiscal del 2017 los fondos solicitados por Trump para iniciar la edificación del muro fronterizo.
La insistencia de Trump con los mil 500 millones de dólares, amenazaba con provocar el cierre del gobierno federal.
El nuevo acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso, que excluye del presupuesto adicional de este año el dinero para el muro, facilitaría que el Capitolio apruebe el dinero que se requiere para mantener el funcionamiento del gobierno federal.
Dentro de su solicitud de presupuesto del año fiscal 2017, Trump pidió al Congreso mil 200 millones de dólares para la adquisición de tecnología y la contratación de más agentes para la Patrulla Fronteriza.
El presupuesto del Departamento de Seguridad Interior incluye fondos para la contratación de otros cinco mil agentes para la Patrulla Fronteriza dentro del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y de 10 mil elementos más para el Buró de Aduanas e Inmigración (ICE).
Con los mil 200 millones de dólares que requiere, el plan de Trump para el año fiscal 2017 se concentraría en financiar la colocación de 47 mil 700 camas en centros de detención temporal de inmigrantes indocumentados. La Casa Blanca adelantó con ello que la ubicación, detención y deportación de inmigrantes sí se llevará a cabo en forma masiva, tal y como lo prometió Trump durante su campaña presidencial.
“La mayor capacidad para los centros de detención es necesaria para implementar las política de remoción de los Estados Unidos, de los inmigrantes indocumentados, y para deportar inmediatamente a las personas que sean detenidas en la frontera sur en sus intentos por ingresar al país violando las leyes de inmigración”, enfatiza el presidente Trump.
Los planes del mandatario son proporcionar a los agentes federales encargados de vigilar la frontera con México, equipo y tecnología a fin de contar con bases de datos y Sistemas de Posicionamiento Global para procesar con mayor celeridad el proceso de deportación de los indocumentados.
De los gastos adicionales solicitados por Trump para el año fiscal en curso, 11 millones de dólares se destinarían para la integración de los nuevos sistemas de procesamientos de datos.
A la CBP le asignaría 286 millones de dólares para cubrir los gastos de sus operaciones. De estos, 95 millones son para el costo del incremento de operaciones fronterizas, 65 millones para el reclutamiento y capacitación de los cinco mil agentes para la Patrulla Fronteriza, 18 millones para el manejo de operaciones, supervisión y respaldo a la construcción del muro; 43 millones para situaciones especiales y 64 millones de dólares para la adquisición de otras tecnologías necesarias.
No está claro cuánto dinero de los mil 200 millones de dólares está dispuesto a aprobar el Congreso como parte de los gastos adicionales para el año fiscal 2017.
Lo que ya quedó establecido es que será hasta el año fiscal 2018, que inicia el próximo 1 de octubre, cuando el Congreso debatirá el pedido de Trump para construir el muro: los mil 500 millones de dólares que quedarán pendientes y los dos mil 600 millones de dólares que originalmente requirió para el siguiente periodo fiscal.
El Congreso calcula que amurallar toda la frontera con México le costaría al erario estadunidense más de 20 mil millones de dólares y se construiría en un plazo de tres años. Esto sin contar a los tres mil millones de dólares que representaría el mantenimiento anual del cerco.

Retoma Armando Valenzuela el control de la Auditoria


Con el propósito de restablecer el orden jurídico y legal dentro de la Auditoría Superior del Estado, el encargado del despacho, C.P. Armando Valenzuela Beltrán, retomó legítimamente el control de la misma, para evitar que se siguieran cometiendo actos ilícitos que dañan a la institución, a los tres poderes del estado, y a la sociedad en general.
Cabe precisar que hasta el momento, no hay un nuevo decreto que haya cambiado la situación jurídica de quién es actualmente el legítimo Auditor Superior del Estado, encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado, en este caso el C.P. Armando Valenzuela Beltrán, ya que el DECRETO NO. LXV/NOMBR/0273/2017 I D.P., y que fue publicado el miércoles 15 de febrero del 2017, es vigente hasta la fecha, puesto que no se ha publicado otro, nombrando a un nuevo Auditor Superior.
En el caso del C.P. Ignacio Rodríguez Bejarano, su nombramiento fue devuelto y no ha sido publicado en el periódico oficial y por lo tanto no hay decreto constitucional, a causa de las observaciones al decreto legislativo LXV/NOMBR/0308/2017 II P.O., o veto, realizado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, por lo cual no puede ostentarse como tal, pues el nombramiento realizado por el H. Congreso del Estado, no ha sido legitimado con su publicación en el Periódico Oficial, a causa del citado veto, y por ende no ha concluido el proceso legal que se requiere para adjudicarse dicho nombramiento.
El único decreto legal es el DECRETO NO. LXV/NOMBR/0273/2017 I D.P., en el cual, “LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERIODO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DECRETA, ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 64, fracción XLIV y 82, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se designa al C.P. Armando Valenzuela Beltrán, como encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado…”.
Cabe precisar que a pesar de que el mismo Congreso del Estado hizo otro nombramiento, este no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado, y por el contrario, fue devuelto al poder Legislativo por el Ejecutivo, debido a que se observó que se presentaron serias irregularidades en el mismo, que no hacen legítimo dicho nombramiento.
Por ende, él único decreto vigente y legítimo es el que persiste sobre el nombramiento del C.P. Armando Valenzuela Beltrán, como encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado.
Es por ello que con el único propósito de regresar la legitimidad a todas las acciones que tome la Auditoría Superior del Estado, es que el C.P. Armando Valenzuela Beltrán, retomó su nombramiento como encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado.

Javier Duarte se escondió entre volcanes y pueblos donde abunda la pobreza


El exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías de Duarte llegaron en la víspera de vacaciones de Semana Santa al hotel La Riviera de Atitlán. En la recepción presentaron un formato de acceso al “apartamento privado” 505 de la torre C con capacidad para cuatro personas. El personal del hotel, muy diligente, les colocó un brazalete naranja de “invitados” y no amarillo de “huéspedes” para hacer la distinción. Jamás imaginaron –dicen– que se trataba de un presunto delincuente boletinado por la Interpol y buscado en 90 países.
“En la torre C hay cuatro apartamentos con dueños los cuales son libres de prestarlos, rentarlos, mandar familiares y amigos, nosotros no nos entretenemos en quiénes son. Son clientes a los que uno tiene que recibir, si ya traen la invitación expresa. El ahora detenido sólo se presentó como Alejandro y su acompañante como Andrea”, comentan empleados del hotel Rivera de Atitlán, ubicado en la Ruta Colonial de los Volcanes y para el cual hay que transitar 140 kilómetros desde Guatemala capital, pero que en automóvil se vuelven casi 180 minutos por las curvas sinuosas y el tráfico provocado por el comercio local.
En el restaurante del Rivera de Atitlán, en el Salón Terraza con vista a la alberca, en los elevadores de la torre C con sus 16 niveles, era muy común ver a Duarte ataviado en bermudas, ropa deportiva o con pantalón de vestir holgados. A algunos meseros Duarte de Ochoa les hablaba en inglés, “él era muy visible, su mujer no tanto”, indican empleados del resort.
Los mozos y camaristas no notaron nada extraño en el exmandatario veracruzano; les causaba rareza su nacionalidad en un hotel donde lo común es que se hospeden turistas franceses y holandeses, así como guatemaltecos con poder adquisitivo.
Acaso un botones miró con extrañeza que venían a ver a Duarte personas con el aspecto de guaruras y quienes le hacían visitas muy breves. Los atendía afuera del hotel, algunas veces los acompañó; las estancias de los desconocidos “eran más que breves”, dice mientras enseña presumido la habitación 505, donde a Duarte se le pidió que saliera y que por propia voluntad descendiera por el elevador, solo, sin ser esposado, sin tanto aspaviento.
“Su gobernador se refugió en un paraíso, rodeado de gente pobre y de indígenas que aún cultivan el trueque para satisfacer necesidades y servicios”, explica el taxista que manejó hasta esta zona.
Javier Duarte y Karime Macías ocuparon un apartamento amplio habilitado para que estuvieran cuatro personas, sin grandes lujos: apenas una habitación alfombrada, decorada con oleos pintados por artistas locales, secadora de pelo y una pequeña bañera, poco lujo, austeras comodidades, para las excentricidades que Duarte y los Macías-Tubilla vivieron en sus viajes por España, Brasil, Estados Unidos, El Vaticano e Italia.
Aunque hoy existe discordancia sobre cuánto pagó Duarte por el préstamo-arrendamiento del apartamento 505 del Rivera Atitlán, si hubiera llegado como cualquier huésped tendría que haber pagado 160 dólares o mil 1173 quetzales, un poco más si deseaba una cama kingsize.
“La verdad es que aquí el hotel Atitlán, ubicado aquí cerca, a 400 metros caminando, es el más lujoso. Más de 200 dólares la noche la habitación más sencilla, con tres puntos donde pueden bajar helicópteros, diario se ve bajar o subir uno, creo que el señor Duarte bien pudo pagar esa habitación”, cuenta divertido un trabajador del hotel.
Para llegar a este sitio, la expareja que dirigió los destinos de Veracruz en el periodo 2010-2016 atravesó 150 kilómetros desde algún punto ciego de Ciudad Hidalgo en la zona fronteriza de Chiapas, hasta llegar a este lugar. O esa misma distancia, pero proviniendo desde la ciudad de Guatemala capital.
En el departamento de Sololá hay dos claros contrastes: los resorts turísticos que rodean el lago de Atitlán en Panajachel, donde pululan los yates, lanchas –como la que usaba Duarte en Tlacotalpán– y pequeñas embarcaciones para practicar deportes acuáticos y el resto de la zona volcánica, en donde es común ver indígenas bajar con cultivos y animales de granja, para venta o para trueque entre los mismos pobladores. Incluso los domingos –como hoy– en la congregación de Los Encuentros se instala un enorme mercado donde predomina el trueque de frutos, legumbres, animales y tambos de leche de cabra.

PRI, nueva (de)generación


Una imagen dice más que mil palabras. La elocuente fotografía publicada en la página 15 de Proceso (2011) la semana pasada muestra al entonces flamante presidente, Enrique Peña Nieto, rodeado de sus sonrientes correligionarios en pleno disfrute de las mieles del poder. Me pregunto a cuánto ascenderá el monto del erario que han llevado a sus bolsillos, abusando con rapacidad incontenible de los cargos que ostentan u ostentaron. Se siente el espíritu de cuerpo, la solidaridad inquebrantable con los principios fundamentales de su partido: “La moral es un árbol que da moras y vale para una pura chingada” (Gonzalo N. Santos) y “Un político pobre es un pobre político” (Carlos Hank González).
¡Están todos arrestados!, exclamo en silencio al imaginar los barrotes de la escalera del fondo cubriendo a todos los orondos personajes que se sienten y actúan como dueños del país, no como sus servidores. ¿Cuántos años de cárcel sumarían los ufanos sujetos ahí retratados si realmente se les aplicara la ley? Tal vez no sean todos los que están y ciertamente no están todos los que son, pero el retrato de la cofradía tricolor exalta la nostalgia de justicia.
¡La familia del Partido Revolucionario Institucional sigue en pie! Fiel a sus convicciones de garantizar la impunidad de los camaradas y socios hasta la ignominia (o hasta que sean arrestados en el extranjero). Complicidad obliga. “Aunque si me agarran, protege a mi familia y yo no digo lo que sé de ti”, parece susurrar el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien aun después de haber sido detenido en Guatemala no ha perdido su sardónica sonrisa. Algo sabrá. Parece seguro del valor de su silencio. Además, su cinismo lo fortalece.
Desmemoriado, el presidente dice no recordar haber nombrado a su generoso (ex)amigo “Javi” como ejemplo de “la nueva generación del PRI”, junto con “Beto” Borge, exgobernador de Quintana Roo, quien antes de abandonar el poder armó su “paquete de impunidad transexenal” y, aunque se desconoce su paradero, aun cuenta con 44 escoltas y 12 vehículos oficiales, así como una impunidad más valiosa que todo lo que se robó; y a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, también prófugo de la justicia por su corrupción y desfachatez insuperable.
Al presidente Peña Nieto se le ve complacido, con la imperturbabilidad que le confieren su investidura y su entrenamiento histriónico. Detrás, el entonces mandatario de Michoacán, Fausto Vallejo, cuyo expediente se encuentra en la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, donde se analiza su posible expulsión (Jesús Reyna, quien fuera gobernador interino de Michoacán cuando Vallejo pidió licencia por razones de salud, fue detenido por la Procuraduría General de la República en abril de 2104, acusado de establecer compromisos con Los Caballeros Templarios); enseguida, el ya referido Roberto Borge, en pleno despliegue de su desvergüenza, y Rubén Moreira, en aquel tiempo gobernador de Coahuila, de mañas y alcurnia familiares aún por desvelarse, en el goce que procura la inmunidad. En la parte superior de la fotografía aparece Egidio Torres Cantú, quien gobernaba Tamaulipas, también aficionado a los lujos palaciegos y a las amistades peligrosas, e igualmente intocado por la justicia. Hasta ahora. Y ya no sigo la enumeración, que no pretende ser exhaustiva. (Tomo la información del estupendo reportaje de José Gil Olmos).
En ese retrato de familia está plasmada con prístina fidelidad lo que ha sido y es el partido que hoy ha vuelto a (des)gobernar y a desmadrar al país debido al masoquismo del electorado mexicano, mencionado por Mario Vargas Llosa tras el retorno del tricolor al poder. ¿Es ése el gobierno que merece México? Me niego a aceptarlo. Dudo que los ciudadanos de este país gocemos del maltrato que nos han propinado nuestros gobernantes. Más bien estamos hartos de su ineptitud, de su inmoralidad pública y de su cinismo sin par.
La clase de políticos que hemos padecido ha estado muy por debajo de la responsabilidad histórica que le hemos conferido con nuestro voto o nuestra negativa a sufragar. Ello revela que quienes acceden a las altas esferas del poder no han sido los más aptos ni los más rectos, sino los más ambiciosos de poder y riqueza, así como los más habilidosos para escalar dentro de las estructuras partidarias, allegándose aliados políticos y financieros. Y ello también muestra que, dentro de las mediocres opciones que nos han presentado los partidos, los electores hemos escogido, en el mejor de los casos, a los menos malos. A esa circunstancia es necesario agregar que nuestros procesos comiciales casi nunca han sido libres y equitativos, sino que han estado plagados de irregularidades cada vez más ingeniosas y peligrosas, como lo es la infiltración del narcotráfico en elecciones y gobiernos plasmada en la fotografía de la congregación priista.
En los próximos comicios del Estado de México, Coahuila y Nayarit –así como en los de 2018– la nueva (de)generación del PRI merece ser derrotada. Basta de caquistocracia cleptocrática.
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