La defensa de El Chapo en New York


En agosto, después de meses de usar defensores públicos, el narcotraficante mexicano conocido como el Chapo, Joaquín Guzmán Loera, estaba a punto de contratar a un equipo de abogados privados. Cada uno experto en defensa criminal: uno había representado a un mafioso de Nueva York; el otro ha trabajado con uno de los principales rivales del Chapo, y el tercero alguna vez lideró el caso a favor de un traficante en Baltimore.
Tres meses después, ese equipo legal de estrellas todavía no se ha reunido. Solo uno, A. Eduardo Balarezo, ha sorteado las restricciones impuestas a Guzmán Loera por el gobierno estadounidense y ha firmado un acuerdo para ser parte de su defensa. El juicio está cada vez más cerca –se prevé que inicie en abril– y Balarezo se encuentra relativamente solo frente a una docena de fiscales federales que se alistan para presentar un arsenal legal de 90.000 documentos, miles de grabaciones secretas y un ejército de testigos.
“No tengo duda alguna de que podemos manejar el caso con el equipo que tenemos”, dijo Balarezo el pasado 8 de noviembre, “pero nunca he trabajado en estas condiciones”.
La principal de esas condiciones es que Guzmán, de 57 años, esté en aislamiento desde enero pasado en el ala de alta seguridad del Centro Correccional Federal de Manhattan; algunas veces pasa ahí hasta 23 horas al día incomunicado con el mundo exterior. Balarezo comenzó las negociaciones para ser su abogado poco después de su extradición desde México, pero el acuerdo no se hizo formal sino hasta septiembre porque, según el abogado, Guzmán no había podido hablar con su familia o socios para asegurar el pago.
Balarezo está trabajando por una fracción de lo que normalmente cobra, dispuesto a recibir menos por hora a cambio del privilegio de ser parte de un juicio que promete acaparar los titulares. Pero puede que ni siquiera llegue a ver esa fracción del costo.
El gobierno estadounidense ha dicho que pretende confiscar 14.000 millones de dólares de Guzmán Loera pues serían ganancias obtenidas ilegalmente. Hasta el momento, los fiscales no le han confirmado a Balarezo que sobrará suficiente como para que reciba su sueldo.

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